El lunes 12 de octubre, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ejecutaron una orden de registro autorizada por un tribunal en la casa de Washington de la congresista Ilhan Omar. Se llevaron su teléfono, su pasaporte, cuadernos y computadoras. Un gran jurado de Minnesota ha emitido más de una docena de citaciones, algunas a familiares suyos. El Departamento de Justicia no ha dicho qué delito sospecha, pero según el Wall Street Journal la cuestión es si ella o su difunto padre falsearon su edad en documentos migratorios hace décadas para que pudiera obtener la ciudadanía a través de la naturalización de él, y el objetivo es revocarle la ciudadanía. La respuesta de Omar llegó en pocas horas: era Trump atacando a sus “enemigos políticos”, y ella “no será silenciada”. Su campaña pronto empezó a recaudar dinero con el registro: “No me doblegaré ante matones fascistas”. La congresista Rashida Tlaib fue más lejos y describió el registro como un ataque contra Omar, contra los somalíes estadounidenses y contra los habitantes de Minnesota.
Es ese último movimiento el que quiero examinar, porque ya lo he visto antes.
Viví en St. Paul durante años. En el verano de 2005 formé a 320 agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Hennepin sobre el islam radical, en grupos de veinte, y el sheriff McGowan me permitió realizar entrevistas en la cárcel del condado. Las pandillas somalíes ya existían entonces. En 2009, siete hombres somalíes fueron asesinados en el área de Minneapolis en diez meses, y las autoridades creían que los responsables eran otros somalíes miembros de pandillas. Sin embargo, en mis entrevistas, ni un solo joven se identificó como pandillero. El grupo estaba ahí; el individuo dentro de él, no.
Hoy las pandillas han vuelto con una nueva generación. El sheriff del condado de Ramsey, Bob Fletcher, cuenta unas doce pandillas somalíes con unos 300 miembros, vinculadas a catorce asesinatos y a más de cien tiroteos en dos años: en ceremonias de graduación, en la Feria Estatal, en una fiesta para ver el Mundial. Su propio investigador de pandillas dice que la mayoría de estos grupos no venden drogas. Pelean por prestigio. La violencia sin beneficio material, anunciada de antemano y escenificada ante un público, es violencia al servicio del honor.
Y cuando el sheriff nombró el problema, líderes comunitarios y un concejal nacido en Somalia calificaron sus palabras de peligrosas. La Fiscalía del condado de Hennepin negó directamente que las pandillas existieran. La respuesta no fue “estos jóvenes deben responder por lo que hicieron”. Fue “nos están atacando”.
Esta es la lógica de la vergüenza y el honor. En una cultura de clan, el honor pertenece al grupo, no a la persona. La falta de un individuo no es suya; mancha el linaje. Así que el grupo cierra filas, el individuo desaparece en él, y quien hace una pregunta se convierte en enemigo de todo el pueblo. Solo existe el rebaño.
Desde el psicoanálisis, esta es una historia sobre la separación. Margaret Mahler describió el proceso por el cual el bebé se separa lentamente de la madre y se convierte en un yo individual. La conciencia moral, la capacidad de hacerse responsable, nace de esa separación. Una persona a la que nunca se le permitió apartarse difícilmente puede rendir cuentas. En una cultura que castiga la separación, la conciencia no desaparece. Pasa a la clandestinidad. Expresarla se vuelve peligroso.
La vemos aflorar, a un alto costo, en las mujeres somalíes que impulsaron este año en Minnesota un proyecto de ley para crear un grupo de trabajo sobre la mutilación genital femenina, un delito grave en el estado desde 1994 que nunca ha sido procesado ni una sola vez. La vemos en la sobreviviente que le dijo a un periodista que la práctica sobrevive gracias a la presión familiar y al silencio. La vemos en los sobrevivientes isaaq de Somalilandia, que han dedicado décadas a documentar el genocidio que el régimen de Siad Barre cometió contra ellos. Son personas que se separaron del rebaño y pagaron por ello.
Lo que me devuelve a Ilhan Omar, porque ella es claramente capaz de una afirmación individual feroz. Desafía con facilidad a presidentes, partidos y colegas. Sin embargo, cada vez que se le pide que rinda cuentas por algo propio, se disuelve de nuevo en el colectivo.
Consideremos las preguntas que se le han hecho.
Su matrimonio de 2009 con Ahmed Nur Said Elmi. Sus críticos sostienen desde hace años que él es su hermano y que el matrimonio fue un fraude migratorio. Ella lo llama una mentira repugnante. Ningún tribunal ha dictaminado lo contrario y ninguna agencia ha publicado pruebas. Pero una investigación del Washington Examiner de 2019 encontró decenas de documentos con contradicciones en sus declaraciones sobre el matrimonio, y en siete años nunca ha zanjado el asunto con las pruebas sencillas que cualquier persona podría presentar. Una pregunta tan antigua debería haberse resuelto hace mucho.
Su edad. Según correos electrónicos revisados por el New York Post, su equipo cambió en mayo de 2019 su año de nacimiento registrado de 1981 a 1982. En 2018 le dijo a The Intercept que obtuvo la ciudadanía antes de cumplir 18 años, a través de la naturalización de su padre. Un año es la diferencia entre reunir los requisitos para esa vía a la ciudadanía y no reunirlos. Para ser justos, el gobierno de Biden examinó la misma acusación y la descartó por falta de pruebas, y despojar a alguien de la ciudadanía es un caso difícil de ganar en los tribunales. Si el problema está en lo que su padre escribió en su nombre, a la niña no se le puede culpar. A la adulta sí se le puede preguntar.
Feeding Our Future, el mayor fraude de la pandemia en el país, robó cientos de millones destinados a niños hambrientos en su propio estado. No hay pruebas públicas de que ella participara. Pero un informe de supervisión de la Cámara de Representantes de Minnesota concluyó que su ley MEALS relajó las normas que aprovecharon los defraudadores, y cuando la comisión la invitó a declarar sobre lo que sabía, nunca respondió.
Sus finanzas. Su declaración de 2024 mostraba un patrimonio familiar de entre 6 y 30 millones de dólares, frente a casi nada antes, casi todo procedente de la firma de capital de riesgo y la bodega de su esposo, Tim Mynett. Cuando la Comisión de Supervisión de la Cámara pidió los registros de las empresas, Mynett no cumplió, y el asunto fue remitido a la Comisión de Ética. Ella entonces corrigió la declaración, culpó a su contador, y el valor de la firma bajó a cero. Jeanine Pirro, fiscal federal en Washington, dice ahora que su oficina también está examinando esas declaraciones.
Su padre. En sus memorias llamó educador a Nur Omar Mohamed. El periódico de su propia comunidad, Sahan Journal, lo recordó de otra manera cuando murió en 2020: un coronel formado en la Unión Soviética que comandó un regimiento en la guerra de 1977–78 contra Etiopía y sirvió en el ejército de Siad Barre hasta la caída del régimen en 1991, el ejército que arrasó Hargeisa y Burao. No hay pruebas documentadas de que él participara personalmente en el genocidio de los isaaq, y no lo afirmaré. Pero ella nunca ha hecho cuentas en público con el régimen al que sirvió su familia, aunque sobrevivientes isaaq viven en su propio distrito.
Y sus lealtades. En enero de 2024 se dirigió en somalí a somalíes estadounidenses en Minneapolis. Si dijo “primero somalí, después musulmana” está en disputa. Pero en la traducción que ella misma respaldó, le dijo al público que el gobierno de Estados Unidos hará lo que le pidamos, y que mientras ella esté en el Congreso nadie se quedará con el mar de Somalia. Cuando Israel reconoció a Somalilandia en diciembre de 2025, ella se opuso y afirmó que Israel quería el territorio para desplazar allí a los gazatíes. (Debo aclarar que soy directora de investigación de la Asociación de Amistad Israel-Somalilandia, que formo parte de la junta del Instituto MAAN de Diplomacia y Asuntos Globales en Hargeisa, y que he visitado Hargeisa por invitación oficial del gobierno de Somalilandia.)
Cada una de estas es una pregunta para una sola mujer. Cada vez, la respuesta vuelve en primera persona del plural: nos atacan a nosotros, a nuestra comunidad, a nuestro pueblo. El individuo se esconde detrás del clan, y el clan absorbe la pregunta.
El registro de su casa puede dar lugar a cargos o a nada. Eso les corresponde a los tribunales. Si los papeles en el centro del caso eran de su padre, ella no los escribió. Pero ha tenido décadas, y un escaño en el Congreso, para responder por ellos, y ha respondido a cada pregunta como si fuera un ataque contra su pueblo. El patrón ya está a la vista. Una congresista presta juramento como individuo, y como individuo debe rendir cuentas. Mientras no pueda responder por sí misma, y no a través del rebaño, le está pidiendo a toda una comunidad que cargue con lo que es solo suyo.
Nancy Hartevelt Kobrin, PhD, es psicoanalista e investigadora en contraterrorismo con sede en Tel Aviv.
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